La decisión de excluir del registro profesional a un número indeterminado de abogadas y abogados, sin notificación previa ni debido proceso, representa un nuevo atropello contra el Estado de derecho y las garantías fundamentales del ejercicio profesional en Nicaragua.
Esta medida carece de cualquier sustento jurídico o administrativo válido. Se trata, por el contrario, de un acto vertical y arbitrario que confirma la total instrumentalización de las instituciones del Estado, utilizadas una vez más como herramientas de control político, de castigo y de exclusión. El régimen vuelve a convertir el sistema de administración de justicia en un mecanismo para infundir terror, conculcar los derechos de los ciudadanos y erradicar cualquier vestigio de independencia profesional.